Al cambio del milenio, el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, utilizó su prestigio y su función para criticar radicalmente el sistema de la ONU. Además, aprovechando la capacidad de iniciativa del secretariado del organismo, Kofi Annan propuso reformas. Así nació el Consejo de Derechos Humanos -que reemplazó a la Comisión de Derechos Humanos creada en 1946- y su programa principal: el Examen Periódico Universal (EPU) que comenzó a funcionar en enero de 2008.
Según el plan adoptado, los 192 Estados miembros de Naciones Unidas deberán pasar el mencionado examen antes de que finalice el 2011. El examen evalúa la conformidad de las políticas nacionales de Derechos Humanos con las normas internacionales de los Derechos del Hombre. La evaluación de cada Estado se realiza utilizando la misma metodología, los mismos criterios y los mismos objetivos.
Cuando finalicen las evaluaciones, contaremos con un retrato sin precedentes de la evolución de la doctrina y de las políticas de Derechos Humanos - desde mediados del Siglo XX- y de un balance de la situación actual tal como la perciben los Estados miembros de la ONU, el sistema de Naciones Unidas y la familia de las Organizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales.
Nuestro sitio Web propone un estudio detallado y un análisis -país por país, tema por tema, región por región y comunidad por comunidad- de las recomendaciones realizadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de los compromisos voluntarios consentidos por los Estados y de la aplicación de esas recomendaciones y esos compromisos.
La investigación se lleva a cabo en el Centro de Investigación en Derecho Público, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal.
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What will the States do about the recommendations expressed to them by the Human Rights Council? These recommendations, according to the Council itself, “should be implemented primarily by the State concerned”. We at UPR Watch think this “implementation” is binding in nature since the following review cycle (2012-2016), if it is to take place, will focus precisely on the implementation of these recommendations.
Our Website offers a follow-up, country by country, of the implementation – or lack thereof – of the recommendations received and accepted by the states under review.
Without this implementation, the Universal Periodic Review (UPR) and the Human Rights Council would lose all credibility and all legitimacy. Without this implementation, the effective promotion and protection of the rights of “all members of the human family” would simply be negated. Indeed, the Council’s recommendations express a consensus between the international community and a given country in terms of rights protection within that State. Consequently, failure to act constitutes an “informed” refusal to guarantee fundamental rights protection.
